• Relevar y fortalecer los niveles formativos desde la formación técnico profesional hasta el doctorado, con estándares institucionales comunes definidos colegiadamente, resguardando las particularidades de cada nivel y promoviendo una formación articulada, en coherencia con el legado testamentario de Don Federico Santa María Carrera.


• Potenciar las misiones universitarias asociadas a Investigación, Innovación y Emprendimiento, y a Vinculación con el Medio, mediante la creación de dos Vicerrectorías en dichos ámbitos.


• Formalizar el rol de los Departamentos como base del quehacer universitario, reuniendo personas y capacidades en disciplinas afines que habilitan docencia, investigación y vinculación con el medio, con alcance institucional para su desarrollo en los distintos emplazamientos donde sea pertinente.


• Crear Escuelas por nivel formativo para relevar los niveles formativos cultivados por la Institución y resguardar sus especificidades, asegurando el cumplimiento de estándares institucionales por nivel y apoyando, en coordinación con Departamentos y programas, el desarrollo de ofertas que requieran articulación entre disciplinas.


• Fortalecer la gobernanza académica mediante un Consejo Académico con mirada institucional, apoyado en el trabajo previo de las Escuelas en materias propias de los niveles formativos, integrando funciones que hoy se distribuyen entre el Consejo Académico, el Consejo Normativo de Sedes y la Comisión Mixta.


• Fortalecer el Consejo Superior formalizando la Contraloría General y la Secretaría General como unidades con independencia funcional de Rectoría, y formalizando la participación de representantes del estamento paraacadémico y del estudiantado con derecho a voz.


• Actualizar principios fundamentales, avanzando en inclusión y resguardos institucionales.


• Reafirmar el domicilio en Valparaíso y el despliegue institucional, en coherencia con el origen testamentario, reconociendo la presencia y desarrollo del quehacer universitario en los territorios donde actualmente la Universidad opera.

De acuerdo con los Estatutos vigentes (artículo 82), las instancias facultadas para proponer reformas estatutarias son el Consejo Superior, el Consejo Académico, el Consejo Normativo de Sedes, el Rector o un tercio de las y los integrantes del Claustro Pleno.

En ese marco, y ante inquietudes manifestadas por los propios Consejos y la Rectoría respecto de la necesidad de avanzar en una reforma, a fines de 2023 los cuerpos colegiados y la Rectoría acordaron conformar un Comité Ejecutivo de Reforma de Estatutos (DR N° 1/2024), integrado por consejeras y consejeros de los distintos Consejos, la Rectoría y representantes de los estamentos de paraacadémicos y de estudiantes, con el propósito de facilitar el análisis de qué elementos de los Estatutos debían mantenerse y cuáles requerían ajustarse. Esta primera etapa concluyó con el Claustro Pleno de mayo de 2024, en el que se validó la necesidad de adecuación sobre la base del siguiente principio orientador: “Con el fin de fortalecer el logro de los propósitos institucionales y garantizar el desarrollo armónico de todos los emplazamientos, es necesario actualizar los Estatutos en un proceso transparente, ágil y participativo”, respaldando, con el acuerdo del Claustro, el diseño de una segunda fase que se denominó de actualización y modernización de Estatutos.

Si bien existen diversas alternativas para organizar un proceso de esta naturaleza, y considerando la experiencia de la etapa inicial y la necesidad de dotar de gobernanza al desafío de actualización y modernización, en agosto de 2024 se constituyó el Consejo Directivo de Actualización y Modernización de Estatutos (DR N° 356/2024), integrado por la totalidad de integrantes del Consejo Superior, del Consejo Académico, del Consejo Normativo de Sedes, la Rectoría y representantes de los estamentos de paraacadémicos y de estudiantes. Este Consejo Directivo fue definido como el órgano encargado de conducir el proceso, definir hitos y adoptar acuerdos para su avance, siendo responsable ante el Claustro Pleno, con el apoyo de un Comité Ejecutivo en materias operativas.

Esta orgánica, dentro del marco establecido por la institucionalidad vigente, integra a la mayoría de las instancias estatutariamente habilitadas para proponer reformas y es coherente con la lógica colegiada que caracteriza el gobierno de la Institución.

La estimación del costo directo de la propuesta es de 360 a 460 millones de pesos anuales, equivalente a 0,3 – 0,4% del presupuesto institucional (Fondo General Universitario, FGU).

Otros eventuales recursos que se requieran serán evaluados en las instancias correspondientes, considerando los potenciales beneficios y la pertinencia de los diferentes proyectos futuros.